El gobernador celebró el fallo contra los «ñoquis» en Chubut
El gobernador Ignacio Torres dijo que Chubut se convirtió en «la primera provincia del país» en emitir un fallo condenatorio en una causa relacionada con los «ñoquis», en el contexto de actos de corrupción ocurridos durante la administración de Mariano Arcioni.
Torres calificó el fallo como «ejemplar», tras la condena a tres años y medio de prisión de la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, por fraude a la administración pública.
La resolución fue emitida por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri,
Este delito se relaciona con nombramientos de colaboradores y asesores que no asistían a sus puestos de trabajo, algunos de los cuales cumplían funciones en su domicilio.
El gobernador enfatizó la relevancia de esta condena, «se trata de una condena sumamente importante, no solo en términos jurídicos, sino de cara a la ciudadanía, porque durante muchos años una funcionaria provincial, y el grupo de delincuentes que la acompañaba, estafó a todos los chubutenses».
Destacó que durante años, una funcionaria provincial y su grupo estafaron a todos los chubutenses, y que ahora la sociedad comienza a ver que la corrupción tiene consecuencias. Torres aseguró que esta sentencia establece un precedente significativo y reafirmó su compromiso con la transparencia en la política.
El gobernador también mencionó que uno de sus principales compromisos al asumir el cargo fue administrar un Estado transparente. Para ello, se revocaron nombramientos realizados por el gobierno anterior y se llevó a cabo un censo integral de empleados provinciales.
El resultado permitió identificar a aquellos que cobraban salarios sin trabajar, afirmando que «en Chubut no hay lugar para los ‘ñoquis’». El gobernador concluyó diciendo que continuará trabajando para administrar un Estado eficiente y capacitar al recurso humano en beneficio de todos los chubutenses.
Durante el juicio, se demostró que exigía el 50% del salario de sus asesores como «retorno», incluyendo a personas contratadas previamente para funciones personales.
El tribunal también inhabilitó perpetuamente a Otarola para ejercer cargos públicos tras hallarla culpable de cuatro delitos de fraude y tres casos de exacciones ilegales.
Cuatro colaboradores recibieron penas de dos años en suspenso y también fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos como partícipes necesarios en el delito.
